Para la mayoría de los particulares en Andalucía, su vivienda o sus locales comerciales son el núcleo de su patrimonio. Por ello, cualquier conflicto que afecte a la posesión o a la propiedad genera una tensión máxima que requiere una respuesta legal equilibrada, pero firme.
La problemática del desahucio en 2026
El panorama de los desahucios ha cambiado drásticamente con las últimas reformas legislativas destinadas a proteger a colectivos vulnerables. Esto ha provocado que muchos propietarios sientan indefensión ante impagos prolongados.
En Cardador & Marín Law & Business, abordamos el desahucio desde una perspectiva integral:
- Desahucio por falta de pago: Iniciamos la reclamación desde el primer impago serio para evitar que la deuda crezca de forma incontrolada.
- Precario y Ocupación: Para los casos donde no hay contrato, activamos la vía civil del «desahucio exprés», enfocándonos en la recuperación de la posesión inmediata.
- Intermediación: A veces, una negociación guiada por abogados permite que el inquilino abandone la vivienda de forma voluntaria a cambio de una condonación parcial de la deuda, ahorrando meses de pleito y costas judiciales.
Conflictos de comunidad y propiedad horizontal
Vivir en comunidades de propietarios en la Costa del Sol suele implicar roces por el uso de zonas comunes, ruidos o, muy frecuentemente, el uso de viviendas como alquiler vacacional. En 2026, la Ley de Propiedad Horizontal otorga a las juntas de propietarios herramientas para limitar actividades molestas o prohibir los pisos turísticos bajo mayorías cualificadas. Asesoramos a particulares tanto para impugnar acuerdos de junta ilegales como para defender su derecho a disfrutar de una convivencia tranquila.
La acción de división de la cosa común
Es extremadamente común que tras una herencia o un divorcio, varias personas sean dueñas de un mismo inmueble y no se pongan de acuerdo sobre qué hacer con él. En España, el Código Civil es claro: nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Si no hay acuerdo para que uno compre la parte de los otros, acudimos a la vía judicial para la división del inmueble, que suele terminar en una subasta judicial si no se logra una venta privada. En este proceso, es vital contar con abogados que conozcan el funcionamiento de las subastas electrónicas para proteger el valor del activo.