Los contratos vertebran prácticamente todas nuestras relaciones económicas cotidianas: comprar una vivienda, contratar una reforma, suscribir un servicio digital. Y sin embargo, el incumplimiento contractual continúa siendo la principal fuente de litigios civiles en España. La creciente complejidad de la contratación en 2026 exige que el particular sepa reaccionar con precisión desde el primer momento. En estas líneas explicamos cómo hacerlo.
No todo incumplimiento es igual
Conviene empezar por una idea que a menudo sorprende a nuestros clientes: no todo retraso o imperfección justifica resolver un contrato. El Tribunal Supremo ha reiterado que, para resolver, el incumplimiento debe ser grave, esencial y frustrar la finalidad del contrato. Por eso, el primer trabajo del abogado consiste en calificar correctamente la situación: si estamos ante un incumplimiento total, un cumplimiento defectuoso o parcial, o una simple mora (retraso).
La distinción no es teórica; determina qué se puede exigir. Pensemos en un supuesto habitual en la Costa del Sol: el retraso en la entrega de una vivienda sobre plano. ¿Basta un mes de demora para resolver el contrato y recuperar las cantidades entregadas? Por regla general, no, salvo que las partes hubieran pactado el plazo como esencial. Ahora bien, aunque no proceda la resolución, el particular sí conserva su derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios que esa espera le haya ocasionado: alquileres abonados mientras tanto, gastos de guardamuebles, etc.
La fase previa: la reclamación extrajudicial ya no es opcional
Antes de acudir a los tribunales, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia obliga a intentar una solución amistosa a través de un medio adecuado de solución de controversias (MASC). No se trata de un mero trámite ni de una llamada de cortesía: es un requisito de procedibilidad cuya ausencia puede impedir la admisión a trámite de la demanda en numerosos asuntos civiles y mercantiles.
Acreditar ese intento previo de acuerdo cumple, además, funciones que juegan a favor de quien reclama:
Interrumpe la prescripción, evitando que se agote el plazo para reclamar.
Constituye en mora al deudor, de modo que desde ese momento pueden empezar a devengarse intereses.
Acredita la buena fe de quien reclama, lo que resulta relevante de cara a una eventual imposición de costas a la parte contraria.
Por eso insistimos siempre en documentar esta fase con rigor: un requerimiento bien planteado no es papeleo, es la primera pieza de la futura prueba.
El proceso judicial: el juez decide según lo que se prueba
Si la vía amistosa fracasa, entramos en el terreno de la litigación. Y aquí conviene desterrar un malentendido frecuente: el juez no adivina la verdad, sino que resuelve conforme a lo que las partes consiguen acreditar. La carga de la prueba pesa sobre quien afirma.
De ahí la importancia de construir el caso sobre prueba sólida. Si el conflicto deriva, por ejemplo, de una reforma mal ejecutada en una vivienda, unas fotografías no bastan: hace falta un informe pericial de un arquitecto técnico que cuantifique el daño y explique por qué la ejecución se aparta de la lex artis. En la vista, la solvencia del perito y la capacidad del abogado para interrogar a la parte contraria son, muchas veces, lo que inclina la balanza.
Conclusión: proteger el patrimonio del cliente
La litigación civil no debería percibirse como una carga, sino como el mecanismo que permite que los acuerdos se cumplan y el mercado funcione. En Cardador & Marín abordamos cada asunto de particulares con el mismo rigor que una gran operación corporativa, porque somos conscientes de que, para una familia, el incumplimiento en la compra de su vivienda puede ser el asunto más importante de su vida.
Antonio Cardador Rodríguez es abogado y socio de despacho especializado en Fintech, Derecho Digital, Franquicias y Comercio Internacional. Asesora a empresas, startups e inversores en regulación, expansión internacional y desarrollo de negocio entre Europa, LATAM y China. Mentor estratégico e inversor tecnológico, combina visión jurídica y empresarial para facilitar la internacionalización, el softlanding de compañías chinas en España y el crecimiento seguro de proyectos innovadores.