En la vida cotidiana de cualquier ciudadano en Fuengirola, los contratos son la base de casi todas nuestras interacciones económicas. Sin embargo, el incumplimiento contractual sigue siendo la principal fuente de litigios civiles en España. En 2026, la complejidad de los contratos —desde la compra de una vivienda sobre plano hasta la contratación de servicios digitales— exige que el particular sepa reaccionar con precisión técnica desde el primer minuto.
La anatomía del incumplimiento
No todo retraso o imperfección constituye un incumplimiento resolutorio. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha matizado que el incumplimiento debe ser «grave, esencial y persistente». Como abogados procesalistas, nuestro primer trabajo en Cardador & Marín es analizar si estamos ante un incumplimiento total, un cumplimiento parcial o una mora (retraso).
Por ejemplo, en el sector inmobiliario malagueño, es frecuente encontrar retrasos en la entrega de viviendas. ¿Es suficiente un mes de retraso para resolver el contrato y recuperar las cantidades entregadas? Generalmente no, a menos que el plazo se haya pactado como esencial. No obstante, el particular tiene derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios derivados de esa espera (alquileres pagados, guardamuebles, etc.).
La fase pre-procesal: El arte de la reclamación extrajudicial
Antes de interponer una demanda, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia obliga a intentar una solución amistosa. Pero no basta con una llamada telefónica. Desde abril de 2025, la prueba reina en un juicio posterior es el requerimiento fehaciente (MASC).
Es necesario acreditar un intento previo de solución no jurisdiccional antes de presentar una demanda judicial en ciertos asuntos civiles y mercantiles, constituyendo un «requisito de procedibilidad». Además de ser un requisito previo para la admisión a trámite de la demanda, este MASC cumple otras funciones igualmente importantes:
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- Interrumpe la prescripción: Evita que el plazo para reclamar se agote.
- Constituye en mora al deudor: A partir de ese momento, empiezan a devengarse intereses.
- Acredita la buena fe del demandante: De cara a una futura condena en costas para la otra parte.
El proceso judicial y la carga de la prueba
Si la vía amistosa fracasa, entramos en el terreno de la litigación procesal pura. En 2026, la Ley de Enjuiciamiento Civil prioriza la celeridad. El particular debe entender que el juez no «adivina» la verdad; el juez decide según lo que se prueba.
En Cardador & Marín, utilizamos herramientas de prueba pericial avanzada. Si el conflicto es por una reforma mal ejecutada en un chalet de Mijas, no basta con fotos. Necesitamos un informe de un arquitecto técnico que cuantifique el daño y explique técnicamente por qué la ejecución no cumple con la lex artis. En el juicio, la solvencia de nuestros peritos y la capacidad de nuestros abogados para interrogar a la parte contraria son las que inclinan la balanza.
Conclusión: La protección del patrimonio
La litigación civil no debe verse como una carga, sino como el mecanismo necesario para que el mercado funcione. En nuestro despacho, tratamos cada caso de particulares con la misma rigurosidad que una gran operación corporativa, porque sabemos que, para una familia, el incumplimiento de la compra de su casa es el asunto más importante de sus vidas.